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El Banco de España ha publicado en el día de hoy los datos de la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas, que batió récords en el segundo trimestre de 2016 al alcanzar los 1.106 billones de euros (el 100,5% del PIB), 10.543 millones más que en el primer trimestre del año.

Estas cifras demuestran que la política económica del Gobierno en funciones continúa siendo un rotundo fracaso. En ninguno de los años de Gobierno del PP se ha conseguido alcanzar el objetivo de déficit y, a pesar de los recortes sistemáticos, de las reformas laborales incapaces de crear empleo y de la estrategia de austeridad a ultranza, la deuda no para de aumentar trimestre a trimestre y año a año.

Sin embargo, se pretende continuar por el mismo camino, con recortes de gasto y más austeridad, aunque ello suponga la reducción del crecimiento y el empleo, la caída continua de las rentas de las familias y el aumento de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.

Para UGT, es necesario cambiar radicalmente la política económica. Hay que aumentar el gasto público en partidas esenciales para el desarrollo y recaudar más, a través de una reforma fiscal que permita avanzar en la reducción del margen que nos separa de Europa en ingresos públicos. De esta forma, podremos asentar una política expansiva que España necesita para salir de la crisis y acometer el necesario cambio de modelo productivo que consolide y mejore la senda de crecimiento económico para crear empleos de calidad y con derechos.

Las personas de nuestro país no pueden soportar más sufrimiento. La austeridad ha demostrado ya su absoluto fracaso y resulta imprescindible un cambio de orientación de la política económica. Y Europa tiene la obligación de permitir a sus socios abandonar esta vía fracasada.

Por ello, UGT reivindica la necesidad de que el Gobierno implemente políticas de progreso y se comprometa a adoptar las medidas imprescindibles para atender los problemas más acuciantes de la mayoría de la población, y que revierta la política económica para dirigir a nuestro país hacia una senda de crecimiento equilibrado y sostenible, con un modelo productivo capaz de incrementar el peso de la industria sobre el PIB, que también es un objetivo europeo, y de generar empleos de calidad y con derechos.