Este portal utiliza cookies para mejorar tu experiencia de usuario, así como recopilar información estadística. Si continúas navegando, aceptas su uso.

UGT rechaza la política de parches del gobierno en materia fiscal, como la aprobación hoy de una reforma del impuesto de sociedades para conseguir que los pagos fraccionados dentro de 2016 incrementen los ingresos de este ejercicio y poder cumplir así con los requisitos impuestos por Bruselas. El sindicato reclama una nueva estrategia fiscal integral, e insta al conjunto de las fuerzas políticas a abrir un debate inmediato sobre fiscalidad, entre otros asuntos, porque el diálogo social debe ser clave en estas decisiones, dada la urgencia de garantizar la suficiencia de recursos para atender las necesidades sociales y garantizar el cumplimiento de compromiso de déficit.

La Unión General de Trabajadores viene demandando un incremento de la recaudación fiscal, a través de una reforma integral del sistema tributario, y no una sucesión de parches, electoralistas unos, y para reparar de sus propios errores, otros. España tiene que cumplir con los compromisos de reducción del déficit con Bruselas, compromisos adquiridos por el propio gobierno. Parte de ese ajuste se pretende solventar con los 8.000 millones de euros que se esperan anticipar con esta reforma del Impuesto de Sociedades.

El gobierno de Rajoy, que empezó subiendo los impuestos, en contra de lo que había prometido durante la campaña electoral, ha sido una recopilación de medidas deslavazadas, sin ningún criterio y más como medida electoralista que con la intención de garantizar la recaudación suficiente para la atención de los gastos necesarios y la reducción del déficit.

A esa subida con la que se estrenó nada más iniciar su andadura el gobierno del Partido Popular, le siguió una bajada de los impuestos directos, sin ninguna lógica económica, que supuso en realidad una reconfiguración de la carga fiscal, haciendo recaer una parte mayor sobre las rentas medias y bajas y una parte menor sobre las rentas altas, que ya estaban convenientemente privilegiadas.

De este modo, la política de Rajoy hizo recaer todo el peso de la reducción del déficit sobre la reducción de gastos, y en particular el gasto social, reduciendo en paralelo la capacidad recaudatoria de los impuestos directos y estableciendo un sistema fiscal más injusto y desequilibrado. Además, a esta innecesaria y, como ahora se demuestra, peligrosa bajada de impuestos, que en principio se establecía en dos años, le siguió el electoralista adelanto de su aplicación. La consecuencia, como no podía ser de otra manera, fue una caída de la recaudación que ha dado al traste con los esfuerzos en materia de reducción del déficit.

A esta chapucera política fiscal se debe la amenaza de multa por parte de Bruselas que finalmente ha sido postergada. Y que ahora vuelve a ser una amenaza porque de nuevo se incumplirá el objetivo de déficit para 2016. La nueva chapuza en materia de política fiscal del gobierno, ahora en funciones, consiste en adelantar el pago del Impuesto de Sociedades, de modo que los pagos fraccionados dentro de 2016 incrementen los ingresos de este ejercicio. No es una subida de impuestos, sino que se descontará de la recaudación final del Impuesto de Sociedades, cuya liquidación se realiza el 25 de julio de 2017. Es decir, si la reforma se limita a esto, solo trasladamos el problema recaudatorio al año 2017, otro parche.

Frente a esta estrategia, desde UGT insistimos en que la clave está en recaudar más y mejor, no de cualquier manera, con parches que suman y restan ingresos en función de las necesidades partidistas del Gobierno de turno. Porque España necesita una estrategia fiscal seria, con un modelo más justo y equitativo y en el que pague más quien más tiene. Para financiar el gasto necesario, España debe incrementar la recaudación, acercándose progresivamente a la media europea. Y hay margen suficiente, ya que la media europea se sitúa más de siete puntos de PIB por encima de España.

Este modelo debe comenzar con la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución de 2011. Sólo así se logrará mantener el Estado de Bienestar en nuestro país. Porque las políticas de austeridad y las reformas fiscales de mayores impuestos indirectos y menores y más desequilibrados impuestos directos, solo han conseguido reducir la recaudación, y ahondar en la injusticia de los impuestos y en la desigualdad.

La alternativa de UGT para por aumentar los ingresos: una reforma fiscal integral más justa y con mayor poder recaudatorio, y que persiga la elusión fiscal y el fraude fiscal. Conviene recordar que sólo persiguiendo el fraude fiscal podrían recaudarse más de 80.000 millones de euros, un dinero que permitiría desarrollar políticas sociales y de empleo.

Para tratar estas y otra cuestiones, UGT insta al conjunto de las fuerzas políticas a abrir un debate inmediato sobre fiscalidad, entre otros asuntos, porque el diálogo social debe ser clave en estas decisiones, dada la urgencia de garantizar la suficiencia de recursos para atender las necesidades sociales y garantizar el cumplimiento de compromiso de déficit. Y en esta clave deben enmarcarse los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2017.