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La Unión General de Trabajadores considera que el nuevo Gobierno tiene que derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y sustituirla por una nueva Ley asentada en un pacto social y político por la educación que tenga como objetivos resolver los problemas más graves del sistema educativo español, en especial, el abandono temprano, la desigualdad de oportunidades y el elevado fracaso escolar.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es una norma que supone un retroceso sin paliativos en la consecución de un sistema educativo estable y moderno. Una Ley retrógrada, centralista y adoctrinadora, que deja patente que la educación ha dejado de ser una prioridad para el Partido Popular y ha pasado a ser un instrumento destinado a canalizar y afianzar su ideología ultraconservadora.

El sindicato considera que se ha elaborado sin consenso político ni social y sin negociación con la comunidad educativa, que conculca el principio de igualdad de oportunidades, ya que segrega a una edad muy temprana al alumnado que más necesidades educativas precisa, que lesiona la equidad, al instalar un modelo educativo elitista y promueve un sistema de reválidas con efectos punitivos hacia el alumnado, generando a la vez una total desconfianza hacia el profesorado. Supone además una vuelta a la recentralización educativa, negando la diversidad lingüística de las CCAA con lengua propia y limita la participación de la comunidad educativa al vaciar de competencias a los consejos escolares de los centros.

Frente a esta Ley, UGT propone una nueva Ley educativa que, para contar con la estabilidad necesaria, ha de asentarse un pacto social y político, en el que, en todo caso, deberían establecerse objetivos dirigidos a resolver los problemas más graves del sistema educativo español, en especial, los relativos al fracaso escolar, al abandono temprano del sistema educativo, y a la reproducción por el sistema de la desigualdad de oportunidades.

Además, es necesario incrementar los medios destinados al sistema educativo, revirtiendo los recortes realizados y garantizar la financiación pública, mediante acuerdos entre Gobierno y las comunidades autónomas.

Hay que potenciar en todo caso la escuela pública e impulsar, reforzar y reconocer la Formación Profesional, incrementando sus recursos y aumentando su vinculación con las nuevas profesiones derivadas del Nuevo Modelo Productivo al que debe dirigirse la economía española así como impulsar la Universidad Pública, devolviéndole los medios necesarios, reconociendo la dimensión social de la misma, y reforzando su papel en el entramado institucional de la investigación.

UGT recuerda además que un sistema de calidad precisa un profesorado de calidad, bien formado, reconocido socialmente y que el profesorado debe ser el motor del cambio educativo.