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La Unión General de Trabajadores reclama la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que fue innecesaria y desequilibrada y que introdujo restricciones a la política económica que pueden afectar a la cohesión social y a las capacidades de desarrollo del país. Además, es necesario introducir en el texto constitucional un compromiso de gasto social destinado a financiar los servicios públicos fundamentales y aumentar progresivamente este gasto para acercarnos a los países de la UE.

La última reforma constitucional ha servido para abrir el debate sobre la necesidad de blindar constitucionalmente las partidas de gasto esenciales para sostener el Estado de Bienestar, para que la adecuación de las administraciones públicas al principio de estabilidad presupuestaria no pueda en ningún caso derivar en el desmantelamiento de los sistemas de protección social. Por eso, es necesario reconocer constitucionalmente un suelo de gasto social que permita en el futuro el mantenimiento de niveles de protección suficientes en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, protección por desempleo y pensiones, de manera que España pueda progresivamente converger con los niveles europeos de protección social más elevados.

Para UGT, este suelo de gasto social no debe verse afectado por las reglas de limitación del déficit público estructural y las medidas que de ello se deriven, para que pueda garantizar niveles suficientes de prestaciones sociales básicas y de servicios públicos esenciales para toda la ciudadanía. Además, ese suelo de gasto debe condicionar y determinar las políticas tributaria y presupuestaria, que deben diseñarse de manera coherente para lograr unos ingresos públicos que permitan dar cumplimiento a la garantía de gasto establecida.

Por todo ello, el sindicato exige derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución española de 2011; establecer en la Constitución Española un suelo de gasto social que permita el mantenimiento de niveles de protección suficientes en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, protección por desempleo y pensiones, y que no se vea afectado por las reglas de limitación del déficit público estructural y las medidas que de ello se deriven; y aumentar progresivamente el gasto social para converger con los países centrales de la UE, de forma que en los próximos cuatro años se reduzca a la mitad el actual diferencial en esta materia.

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