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En la Mesa General de Función Pública, celebrada esta mañana, la Administración andaluza, antes de entrar en el orden del día, nos ha aclarado y ratificado que independientemente de titulares y comentarios que han surgido desde la sentencia del Tribunal Constitucional, el acuerdo firmado con los sindicatos sobre la jornada presencial de 35 horas en la pasada Mesa General del lunes, será aplicado al 100%. Como no puede ser de otra manera, y por petición expresa de UGT, será extendido a todo el Sector Público Andaluz.

Desde la Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía queremos aclarar que el acuerdo firmado entre la Administración andaluza y los sindicatos sobre la jornada presencial de 35 horas, en la Mesa General del pasado lunes 18 de diciembre, refleja que las 2 horas y media obedecen al reconocimiento que hace la administración de un tiempo que las trabajadoras/es públicos realizamos fuera de nuestra jornada laboral presencial y que nunca se nos ha reconocido.

Durante esta mañana se ha presentado, en Sevilla, el proyecto “SomosMás, contra el odio y el radicalismo”. Esta campaña la ha puesto en marcha Google, el Gobierno de España, la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism), FeSP-UGT (a través de Aula Intercultural) y la ONG Jóvenes y Desarrollo. El objetivo es sensibilizar sobre el radicalismo violento y el discurso del odio, especialmente entre los jóvenes, y promover mensajes positivos de tolerancia e inclusión social en la red.

En Andalucía, esta campaña cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Unos 10.000 delegados y delegadas sindicales se han manifestado hoy en Madrid para pedir recuperación de derechos para el conjunto de los empleados públicos. La manifestación, convocada por UGT y CCOO dentro de la campaña #AhoraLoPúblico, pretende llamar la atención del gobierno central sobre situación que viven los 3 millones de empleados públicos de nuestro país. Los salarios están estancados en niveles de 2008 y los recortes y sucesivas congelaciones han ocasionado la pérdida de un 13% del poder adquisitivo desde 2010.

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