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El Gobierno en funciones no debe sabotear los acuerdos que mejoran las condiciones de los empleados públicos

Comunicaciones y Prensa
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La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha mostrado su rechazo a la intención del Gobierno del PP de recurrir la devolución de las 35 horas semanales a los empleados públicos de Castilla-La Mancha. Esta medida está incluida en el acuerdo que alcanzaron los sindicatos y el Gobierno de la Junta en la Mesa Sectorial de la Función Pública.

UGT ha señalado que este tipo de acciones dejaría en evidencia las verdaderas intenciones del Gobierno del Partido Popular hacia los servicios públicos y sus trabajadores, lejos de las declaraciones de buena voluntad de la campaña electoral.

Juan Antonio Gilabert, secretario de Acción Sindical de FSP-UGT señala que “el Gobierno debe dejar avanzar las negociaciones y no tratar de sabotear cualquier acuerdo que pueda ser beneficioso para los empleados públicos y los ciudadanos”.

UGT recuerda al Ejecutivo que la jornada de 35 horas semanales era un derecho reconocido de los empleados públicos castellano-manchegos hasta que alcanzó la presidencia de la Junta María Dolores de Cospedal.

De hecho, recuperar la jornada de 35 horas semanales es una de las reivindicaciones que la Federación de Servicios Público (FSP) de UGT mantiene en las distintas plataformas y negociaciones abiertas en todas las Administraciones y entes locales. En la actualidad, FSP-UGT está desarrollando una campaña de recogida de firmas para lograr las 35 horas en la Comunidad de Madrid. En La Rioja también se están llevando a cabo acciones de este tipo, al igual que en Euskadi, donde se ha materializado la jornada de 35 horas. Este horario, además de suponer una mejora en la condiciones de trabajo de los empleados públicos, es una buena herramienta para generar empleo en los servicios públicos y rejuvenecer sus plantillas.

En los últimos cuatro años, la Oferta de Empleo Público (OPE) se ha mantenido congelada: sólo se han repuesto una mínima parte de las bajas que se producían en los sectores denominados esenciales, que han visto como descendía su calidad y cobertura debido a las políticas neoliberales.

El número de empleados públicos resulta insuficiente para atender al conjunto de la ciudadanía: el porcentaje de empleados públicos sobre población total sitúa a España a la cola de la Unión Europea (10% menos que en Francia, 5% menos que en Reino Unido, 4% menos que Irlanda, etc).

Además, nuestro país cuenta con el agravante de que la reforma laboral autoriza a las Administraciones y Servicios Públicos sólo ERES de extinción, al contrario que en el resto de sectores, donde pueden ser temporales (ERTES) o de reducción de jornada. En cuatro años se han destruido 400.000 puestos de trabajo en los Servicios Públicos, (30.000 en Sanidad; 7.000 en educación; 3.000 en Seguridad Social; 2.000 en Justicia; etc.)

Estos recortes se suman a la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los empleados públicos en los últimos cuatro años, que ronda el 14%, incluyendo la paga extra suprimida y aún no cobrada en su totalidad en muchas administraciones, a pesar de estar presupuesta para 2016.