Administración y sindicatos han suscrito este lunes el Acuerdo de teletrabajo en el ámbito de la Función Pública. Carlos Álvarez, responsable federal de la AGE de UGT ha afimado que desde La Unión General de Trabajadores "hemos sucrito este Acuerdo porque deja claros elementos básicos como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las Administraciones. Además introduce una serie de valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, que le conceden un carácter lo suficientemente garantista en términos de derechos para los empleados públicos y en términos de servicios para la ciudadanía. Para UGT era imprescindible que sirviera de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y que asegurase el desarrollo sectorial y territorial a través de la Negociación Colectiva".

El texto regula el teletrabajo de forma estable, permanente, al margen de situaciones coyunturales como las ocasionada por el Covid-19, y garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía. El Acuerdo fomenta el uso de las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración digital con las consiguientes ventajas tanto para las empleadas y empleados públicos como para la administración y la sociedad en general. Entre otras, cabe destacar la reducción del tiempo en desplazamientos, la sostenibilidad ambiental o la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar.

Hay que señalar que será requisito previo la valoración de la posibilidad del  teletrabajo en cada puesto, la correspondiente evaluación y planificación preventiva, así como la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.

El Acuerdo, que afectará a los más de dos millones y medio de empleadas y empleados públicos, avanza en cuestiones tan novedosas y vinculantes para todas las administraciones como la transparencia y objetividad en los criterios a seguir para su implantación y desarrollo, el fomento de la desconexión digital, la protección de datos, la confidencialidad y el derecho a la intimidad. 

UGT ha instado a las Administraciones a abrir sin demora las Mesas de Negociación en los diferentes ámbitos, y específicamente en la Administración General del Estado de manera inmediata.

 

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 La FeSP-UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunciaron hoy movilizaciones por los incumplimientos en el IV Convenio Único del Personal Laboral de la Administración General del Estado en diferentes aspectos, como son el nuevo encuadramiento legal para adaptarlo al marco educativo actual y la reducción de la brecha salarial dentro de la Administración General del Estado. 

Los retrasos en la actualización de las las nóminas de las 40.000 personas vinculadas a este convenio sumarán a final de 2020 una horquilla de entre 866 y 2.756 euros, con efectos de 1 de enero del 2019 y hasta. Además, Función Pública ha incumplido en la negociación de los procesos de cambios de régimen jurídico para el personal que realiza funciones reservadas por Ley a Funcionarios.

Esta situación por otra parte ‘secuestra’ el derecho del personal a la movilidad. Mientras la Administración no acceda a llevar a cabo el encuadramiento del personal, no se puede poner en marcha los concursos de movilidad.

En lo que se refiere a la actualización salarial, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública traslada que, pese a estar cuantificada y autorizada por el Ministerio de Hacienda, no se podrá llevar a cabo hasta que no vean la luz los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Algo que ponemos en duda dado los últimos incumplimientos del Gobierno. 

Por todos estos motivos, nos vemos obligados a realizar la siguiente serie de acciones:

-Denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Ley 19/2013 RD 919/2014)

-Ronda de contactos con los grupos parlamentarios.

- Presentación conflicto colectivo por todos y cada uno de los incumplimientos del IV Convenio Único.

-Escrito al Defensor del Pueblo solicitando que inste a la Administración a cumplir los acuerdos firmados.

-Convocatoria de Concentraciones o manifestaciones, garantizando siempre le respeto de todas las medidas de seguridad. 30 de septiembre manifestación frente a Hacienda.

-En caso de que la Administración mantenga su postura no se descarta la convocatoria de paros o la suspensión de la negociación colectiva hasta que esa parte cumpla con los compromisos adquiridos.

Gabriel Filipini, responsable de UGT en la Negociación del Convenio Único de AGE, ha señalado durante su intervención que “son los incumplimientos del Gobierno los que han abocado a plantear estas movilizaciones. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dijo que se debía salir unidos de la crisis sin dejar a nadie atrás. Pues es el momento de dar ejemplo y no dejar atrás a los empleados públicos del que, además son unos de los colectivos que más han contribuido a luchar contra la pandemia”.

 

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La Administración General del Estado (AGE) se ha caracterizado por ser la que peor ha retribuido siempre a sus trabajadores con respecto al resto de Administraciones Públicas. Un ejemplo de ello es la Administracion de Justicia.

Sin embargo, estos agravios no solo se han producido con el resto de las Administraciones, también se han podido encontrar importantes brechas salariales dentro de la propia AGE: según el régimen contractual, entre distintos ministerioso dentro del mismo organismo, como en el caso de Instituciones penitenciarias.

La llegada al gobierno del Partido Socialista, hace algo más de dos años, generó en UGT, en general, y en el sector de la AGE de la FeSP- UGT grandes expectativas.Su programa progresista y sus compromisos de defensa y mejora de los servicios públicos hacían prever un periodo de negociación fructífero.

Esa ilusión se vio reforzada por la confianza que nos generó la ministra de PolíticaTerritorial y Función Pública, Meritxell Batet. En su primer mes de mandato, cumplió los requerimientos prioritarios que le hicimos desde la UGT: acabar con la injusticia que suponían los descuentos salariales por enfermar (IT) y afrontar, vía Acuerdo, el déficit de personal existente y la preocupante falta de estabilidad en el empleo por las bolsas de temporalidad generadas durante la crisis.

En consecuencia, el Sector AGE de la FeSP-UGT nos fijamos como objetivo, en paralelo a la recuperación de derechos, avanzar en la reducción de las brechas salariales existentes. Para ello, elaboramos e hicimos público, el MAPA de la DESIGUALDAD en la AGE, que contemplaba las existentes dentro de nuestra Administración (según regímenes contractuales, según diferentes ministeriose incluso dentro del mismo Organismo) y el agravio con respecto al resto de Administraciones Públicas.

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Las desigualdades salariales en la Administración General del Estado (AGE) no solo se mantienen dos años después de que la Federación de Empleados Públicos de UGT presentara su primer balance, sino que en algunos casos se han incrementado como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales. Así lo constata el Mapa de la Desigualdad salarial en la AGE elaborado por FeSP-UGT, y en el que se hace balance de los dos años de gestión en esta materia del Gobierno socialista.

El documento repasa las diferencias que se registran entre los diferentes regímenes contractuales existentes (funcionarios y laborales), entre el personal de los distintos ministerios e incluso dentro de un mismo organismo, según ha denunciado Carlos Álvarez, secretario federal de la Administración General del Estado de FeSP-UGT.

El sindicato había denunciado el Convenio Único del personal laboral en 2015, con motivo del Informe del Comité Europeo de Derechos Sociales, que había tildado de injustificables esas diferencias entre las dos categorías de la Administración española, en las que se integran cerca de 150.000 funcionarios y alrededor de 50.000 laborales, de los que solo unos 40.000 están regulados por el Convenio Único.

El 4 de marzo de 2019 FeSP-UGT suscribió el IV Convenio Único con el Gobierno socialista, pero tras su paralización no se ha desarrollado ningún aspecto y, por tanto, las diferencias se mantienen en las retribuciones básicas. De este modo, mientras un funcionario del grupo A1 percibe una retribución total media de 56.890 euros, su equivalente laboral, el grupo G, cobra 31.360 euros.

La brecha salarial se produce también entre distintos Ministerios. Acabar con esa diferencia fue el propósito del acuerdo de niveles mínimos con cargo a los Fondos Adicionales de 2018 y 2019, que ha sido incumplido por parte del Gobierno.

“Hay Ministerios de los que la gente huye y otros que son atractivos”, ha asegurado Carlos Álvarez en la presentación del documento, para resaltar los motivos que justifican el importante flujo que se produce en los concursos de traslados, que evidencia el diferente atractivo económico que para los empleados públicos presentan los distintos Ministerios. Con el fin de reducir esas diferencias, UGT firmó un acuerdo que establecía la elevación de los importes más desfavorecidos. Sin embargo, el acuerdo solo se ha cumplido a medias, lo que, a su vez, ha generado nuevas brechas.

Las diferencias persisten incluso dentro de un mismo organismo. Un caso prototípico es el de Instituciones Penitenciarias, en donde el complemento específico va ligado al centro penitenciario en el que se trabaje, en virtud de una clasificación que data de 1989 y que agrupa a las prisiones en diferentes categorías en función de la estructura arquitectónica de cada cárcel. No obstante, el responsable de AGE de FeSP-UGT  ha señalado que en este asunto sí se está abordando la negociación.

Otro ejemplo significativo de brecha salarial es el que representan los salarios del personal de la Administración de Justicia transferida a las comunidades autónomas y los del Ministerio. Los trabajadores del País Vasco y Navarra son los mejor pagados de toda España y sus complementos pueden llegar a duplicar los del personal dependiente del Ministerio de Justicia.

El balance tras los dos años del Gobierno socialista es que las diferencias se mantienen, en algún caso por la mala aplicación de los pactos alcanzados. Por ello, FeSP-UGT exige el cumplimiento de los acuerdos y convenios firmados antes de la pandemia, como son el Acuerdo de Fondos Adicionales (2018,2019 y 2020), el IV Convenio Único del Personal Laboral y el desarrollo de la Oferta de Empleo Público de 2019. “Queremos que se cumpla lo pactado para reducir esa brecha salarial”, señaló Álvarez.

Más información en www.fespugt.es

Las desigualdades salariales en la Administración General del Estado (AGE) no solo se mantienen dos años después de que la Federación de Empleados Públicos de UGT presentara su primer balance, sino que en algunos casos se han incrementado como consecuencia del incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales. Así lo constata el Mapa de la Desigualdad salarial en la AGE elaborado por FeSP-UGT, y en el que se hace balance de los dos años de gestión en esta materia del Gobierno socialista.

El documento repasa las diferencias que se registran entre los diferentes regímenes contractuales existentes (funcionarios y laborales), entre el personal de los distintos ministerios e incluso dentro de un mismo organismo, según ha denunciado Carlos Álvarez, secretario federal de la Administración General del Estado de FeSP-UGT.

El sindicato había denunciado el Convenio Único del personal laboral en 2015, con motivo del Informe del Comité Europeo de Derechos Sociales, que había tildado de injustificables esas diferencias entre las dos categorías de la Administración española, en las que se integran cerca de 150.000 funcionarios y alrededor de 50.000 laborales, de los que solo unos 40.000 están regulados por el Convenio Único.

El 4 de marzo de 2019 FeSP-UGT suscribió el IV Convenio Único con el Gobierno socialista, pero tras su paralización no se ha desarrollado ningún aspecto y, por tanto, las diferencias se mantienen en las retribuciones básicas. De este modo, mientras un funcionario del grupo A1 percibe una retribución total media de 56.890 euros, su equivalente laboral, el grupo G, cobra 31.360 euros.

La brecha salarial se produce también entre distintos Ministerios. Acabar con esa diferencia fue el propósito del acuerdo de niveles mínimos con cargo a los Fondos Adicionales de 2018 y 2019, que ha sido incumplido por parte del Gobierno.

“Hay Ministerios de los que la gente huye y otros que son atractivos”, ha asegurado Carlos Álvarez en la presentación del documento, para resaltar los motivos que justifican el importante flujo que se produce en los concursos de traslados, que evidencia el diferente atractivo económico que para los empleados públicos presentan los distintos Ministerios. Con el fin de reducir esas diferencias, UGT firmó un acuerdo que establecía la elevación de los importes más desfavorecidos. Sin embargo, el acuerdo solo se ha cumplido a medias, lo que, a su vez, ha generado nuevas brechas.

Las diferencias persisten incluso dentro de un mismo organismo. Un caso prototípico es el de Instituciones Penitenciarias, en donde el complemento específico va ligado al centro penitenciario en el que se trabaje, en virtud de una clasificación que data de 1989 y que agrupa a las prisiones en diferentes categorías en función de la estructura arquitectónica de cada cárcel. No obstante, el responsable de AGE de FeSP-UGT  ha señalado que en este asunto sí se está abordando la negociación.

Otro ejemplo significativo de brecha salarial es el que representan los salarios del personal de la Administración de Justicia transferida a las comunidades autónomas y los del Ministerio. Los trabajadores del País Vasco y Navarra son los mejor pagados de toda España y sus complementos pueden llegar a duplicar los del personal dependiente del Ministerio de Justicia.

El balance tras los dos años del Gobierno socialista es que las diferencias se mantienen, en algún caso por la mala aplicación de los pactos alcanzados. Por ello, FeSP-UGT exige el cumplimiento de los acuerdos y convenios firmados antes de la pandemia, como son el Acuerdo de Fondos Adicionales (2018,2019 y 2020), el IV Convenio Único del Personal Laboral y el desarrollo de la Oferta de Empleo Público de 2019. “Queremos que se cumpla lo pactado para reducir esa brecha salarial”, señaló Álvarez.

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https://www.ugt.es/el-incumplimiento-de-los-acuerdos-aumenta-la-desigualdad-salarial-en-la-age

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