Hoy 23 de septiembre ha tenido lugar una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 17 de junio sobre medidas organizativas para la nueva normalidad.

La Administración nos da cuenta del último informe, con datos del mes de agosto, sobre el seguimiento de dicha Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de 17 de junio. De un total de 175.463 efectivos, el personal en activo que presta servicios en modalidad presencial es de 114.891, y en modalidad no presencial 43.464. El personal no incorporado asciende a 953 efectivos. Desde UGT con respecto a los datos facilitados, nos sorprende que las cifras desglosadas no cuadren con el total de efectivos y que no se concrete información por organismos diferenciados dentro de cada departamento ministerial.

UGT denuncia la dispar interpretación que se está haciendo de dicha Resolución y que ocasiona un agravio a los empleados públicos de la AGE, ya que dependiendo del Organismo en el que prestes servicio, o del director de turno, o de la provincia tendrás derecho o no al reconocimiento de la modalidad no presencial de prestación del servicio. En otros casos tampoco se concede en la modalidad presencial ese 20% de la jornada semanal en régimen de teletrabajo, como ocurre en las jefaturas provinciales de Tráfico. UGT denuncia también que se haya obstaculizado la negociación en las Mesas Delegadas para implementar la Resolución del Secretario de Estado de 17 de junio, tal circunstancia ha ocurrido por ejemplo en Educación, Transportes, CSIC, etc….

Esta situación está provocando un gran malestar en el colectivo de empleadas y empleados públicos de la AGE. Y lo peor de todo es que la Administración, en un Estado de Derecho, consiente que una Resolución de un Secretario de Estado no sea aplicada en sus justos términos. La realidad es que dicha norma no se está implementando, o se está haciendo de forma torticera en muchos organismos.

Otra cuestión importante, en esta situación de pandemia por el coronavirus que vivimos, es el problema de muchos trabajadores públicos de la AGE que han de ausentarse de su puesto para cuidar a las personas a su cargo, ante el posible cierre de centros escolares o centros de día, o en el supuesto de suspensión de la actividad lectiva de forma presencial. Para solucionar está casuística y favorecer la conciliación UGT propone un permiso retribuido, temporal y excepcional para aquellos compañeros y compañeras que no puedan acudir a su centro de trabajo por las circunstancias expuestas derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19.

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Hoy jueves 24 de septiembre, hemos recibido desde Función Pública una convocatoria de reunión para el lunes día 28 de septiembre a las 9:30.Hoy jueves 24 de septiembre, hemos recibido desde Función Pública una convocatoria de reunión para el lunes día 28 de septiembre a las 9:30.

Las acciones realizadas conjuntamente por UGT y CSIF, a las que lamentablemente no se sumó CCOO (Rueda de Prensa efectuada el día 14 de septiembre, las cartas dirigida la Ministra de Política Territorial y Función Pública y a la Ministra de Hacienda, la Queja dirigida al Defensor del Pueblo, el planteamiento de, finalmente, cuatro conflictos colectivos, las convocatoria de concentraciones en las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno en todo el territorio nacional y finalmente la convocatoria de la Manifestación a celebrar en Madrid el día 30 de septiembre) han hecho reflexionar a la Administración sobre los graves incumplimientos que se están produciendo en la aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral de la AGE.

Nuestras reivindicaciones no son caprichosas, 18 meses después de la firma del IV Convenio, no existe desarrollo normativo ni retributivo, produciendo una lesión de derechos a los trabajadores adscritos al mismo realmente inaceptable. Es el momento que la Administración cumpla con lo firmado y podamos trabajar conjuntamente sin sobresaltos en la estricta aplicación del marco laboral regulador del personal laboral de la AGE.

Además de desarrollar la movilidad a través del concurso abierto y permanente, la ordenación y redefinición de los complementos de puesto de trabajo, el cambio de régimen jurídico voluntario del personal que viene desarrollando funciones o actividades que corresponden al personal funcionario, acordar las condiciones de acceso a la modalidad de la jubilación parcial anticipada a partir del 1 de enero de 2021, es el momento de hacer realidad los dos pilares fundamentales del IV CÚ, una clasificación profesional adaptada al actual marco educativo y reducir las diferencias retributivas entre el personal de la Administración General del Estado, diferencias que el IV CÚ venía a paliar en cierta medida y que la no aplicación del mismo hace que se mantengan.

Acudiremos a dicha reunión con espíritu constructivo y con toda nuestra voluntad negociadora, pero con la exigencia del cumplimiento del contenido de los acuerdos firmados en el IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.En función del resultado de esta reunión, valoraremos las acciones a seguir.

 

.Madrid 24 de septiembre de 2020

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Administración y sindicatos han suscrito este lunes el Acuerdo de teletrabajo en el ámbito de la Función Pública. Carlos Álvarez, responsable federal de la AGE de UGT ha afimado que desde La Unión General de Trabajadores "hemos sucrito este Acuerdo porque deja claros elementos básicos como la voluntariedad, la reversibilidad y la asunción de gastos por parte de las Administraciones. Además introduce una serie de valores como la transparencia, la igualdad y la objetividad, que le conceden un carácter lo suficientemente garantista en términos de derechos para los empleados públicos y en términos de servicios para la ciudadanía. Para UGT era imprescindible que sirviera de norma básica para todas las administraciones y para todos los empleados públicos y que asegurase el desarrollo sectorial y territorial a través de la Negociación Colectiva".

El texto regula el teletrabajo de forma estable, permanente, al margen de situaciones coyunturales como las ocasionada por el Covid-19, y garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía. El Acuerdo fomenta el uso de las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de la administración digital con las consiguientes ventajas tanto para las empleadas y empleados públicos como para la administración y la sociedad en general. Entre otras, cabe destacar la reducción del tiempo en desplazamientos, la sostenibilidad ambiental o la mejora de la conciliación del desarrollo profesional con la vida personal y familiar.

Hay que señalar que será requisito previo la valoración de la posibilidad del  teletrabajo en cada puesto, la correspondiente evaluación y planificación preventiva, así como la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.

El Acuerdo, que afectará a los más de dos millones y medio de empleadas y empleados públicos, avanza en cuestiones tan novedosas y vinculantes para todas las administraciones como la transparencia y objetividad en los criterios a seguir para su implantación y desarrollo, el fomento de la desconexión digital, la protección de datos, la confidencialidad y el derecho a la intimidad. 

UGT ha instado a las Administraciones a abrir sin demora las Mesas de Negociación en los diferentes ámbitos, y específicamente en la Administración General del Estado de manera inmediata.

 

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La Administración General del Estado (AGE) se ha caracterizado por ser la que peor ha retribuido siempre a sus trabajadores con respecto al resto de Administraciones Públicas. Un ejemplo de ello es la Administracion de Justicia.

Sin embargo, estos agravios no solo se han producido con el resto de las Administraciones, también se han podido encontrar importantes brechas salariales dentro de la propia AGE: según el régimen contractual, entre distintos ministerioso dentro del mismo organismo, como en el caso de Instituciones penitenciarias.

La llegada al gobierno del Partido Socialista, hace algo más de dos años, generó en UGT, en general, y en el sector de la AGE de la FeSP- UGT grandes expectativas.Su programa progresista y sus compromisos de defensa y mejora de los servicios públicos hacían prever un periodo de negociación fructífero.

Esa ilusión se vio reforzada por la confianza que nos generó la ministra de PolíticaTerritorial y Función Pública, Meritxell Batet. En su primer mes de mandato, cumplió los requerimientos prioritarios que le hicimos desde la UGT: acabar con la injusticia que suponían los descuentos salariales por enfermar (IT) y afrontar, vía Acuerdo, el déficit de personal existente y la preocupante falta de estabilidad en el empleo por las bolsas de temporalidad generadas durante la crisis.

En consecuencia, el Sector AGE de la FeSP-UGT nos fijamos como objetivo, en paralelo a la recuperación de derechos, avanzar en la reducción de las brechas salariales existentes. Para ello, elaboramos e hicimos público, el MAPA de la DESIGUALDAD en la AGE, que contemplaba las existentes dentro de nuestra Administración (según regímenes contractuales, según diferentes ministeriose incluso dentro del mismo Organismo) y el agravio con respecto al resto de Administraciones Públicas.

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