UGT informa: El Tribunal Supremo condena a una empresa que no respeta la huelga de los trabajadores y contrata a otra empresa para suplirlos

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En una reciente sentencia de 6 de noviembre de 2018, recurso 3365/2016, el Tribunal Supremo, condena a una empresa que, al ponerse los empleados de huelga, contrata con otra la prestación de los servicios que realizaban los trabajadores

En este caso son dos empresas editoriales, que contrataban la impresión de sus productos con otra empresa del mismo grupo en la que se ha declarado una huelga siguiendo los cauces legalmente establecidos y deciden contratar con otras empresas ajenas al grupo esos servicios de impresión durante los días en que tuvo lugar la mencionada huelga.

La sentencia reconoce: “la actuación de dichas empresas, consistente en contratar con entidades terceras la impresión de sus publicaciones durante los días en que los trabajadores de PRESSPINT estuvieron de huelga, incidió seriamente en los efectos y repercusión de la huelga. Dado que los diarios salieron con normalidad, se produjo un vaciamiento del contenido del derecho de huelga”, y sigue: “la huelga tiene una vertiente externa, a saber, la de exteriorización de los efectos que produce, haciendo visible a los ciudadanos la perturbación que provoca “, y ambos efectos fueron eliminados por la empresa al contratar los servicios con una tercera".

Es decir, uno de los efectos perseguidos por la huelga es, que los ciudadanos perciban de manera visible los efectos que provoca, constituyendo de este modo un mecanismo de presión hacia las empresas para reivindicar los planteamientos defendidos por los trabajadores que ejercen el derecho fundamental. Para que la medida de presión surta efecto es preciso que llegue a la opinión pública, lo que requería que la empresa no pudiera editar, imprimir y distribuir sus productos como lo venía haciendo antes de que la huelga diera comienzo.

Por tanto, es muy relevante que las empresas afectadas por la huelga alteraran las habituales pautas de funcionamiento, por lo que estamos ante la vulneración de ese derecho fundamental, procediendo la condena a la empresa a indemnizar económicamente a los afectados por los daños morales ocasionados.

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