UGT - Informa. Los pliegos de contratación administrativa no pueden limitar el derecho fundamental de Huelga.

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Una aclaración previa: Sólo analizamos aquellas cláusulas destinadas a limitar el derecho de huelga, no el impacto de la huelga en los contratos públicos

Suele ser habitual que en los pliegos de contratación, generalmente en los pliegos de condiciones técnicas, se incluyan medidas relacionadas con la convocatoria de huelga legal, bajo el título genérico de “Medidas en caso de huelga legal”.

Pero conviene distinguir, según los contenidos que desarrollen:

Clausulas posibles y avaladas por los tribunales de justicia y órganos específicos de contratación pública (Juntas consultivas, Tribunales Administrativos de contratación pública), que establecen las posibles consecuencias jurídicas de la celebración de una huelga en el contrato, con respecto a la relación Administración-empresa contratista: Pago del precio del contrato, imposición de penalidades, secuestro, resolución, etc.

Clausulas prohibidas, cuando de su redacción derivan limitaciones (directas o indirectas) al libre ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores de la contrata, mediante regulaciones que afecten a la relación laboral entre la empresa contratista y sus trabajadores.

Pues bien, el presente informe va a tratar de estas últimas (prohibidas), ofreciendo posibles estrategias y argumentos que garanticen su no inclusión en los pliegos de contratación. No obstante, al final realizaremos alguna consideración con respecto a las primeras

¿Qué situación pretendemos evitar?

Que la Administración Pública incluya clausulas (medidas correctoras) en los pliegos de contratación “Medidas en caso de huelga legal”, dirigidas a suprimir, limitar o modular el derecho de huelga, bien de manera genérica (exigiendo en todo caso la prestación del servicio), bien de manera explícita (establecimiento de unos servicios mínimos del 100%). Algunas van más allá, exigiendo la posible sustitución de los trabajadores huelguistas por otros.

Ejemplo de cláusula considerada nula de pleno derecho:

“En todo caso, en las situaciones de huelga y otros desórdenes, los servicios mínimos se diseñarán para que las recogidas de residuos de fracción orgánica y restos se realicen diariamente sin excepción en todas las rutas y en todo el municipio, así como las limpiezas de bolsas en los contenedores, limpiezas en caso de nevadas o heladas persistentes, servicio de limpiezas de emergencia y servicio de limpieza en situaciones extraordinarias.”

¿Cómo podemos impedir la inclusión de dichas cláusulas?


Tras analizar caso a caso y comprobar dichas limitaciones, se puede formular recurso especial en materia de contratación de inmediato (anuncio de la licitación), contra los pliegos en la materia, solicitando la nulidad de pleno derecho de la cláusula. Estamos legitimados para ello en virtud del artículo 48 (2º párrafo) de la Ley 9/2017, pues el ejercicio del derecho a huelga forma parte de los intereses de los trabajadores y, por tanto, sus representantes: Los Sindicatos.

“Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación.”

En esta materia, nos remitimos al informe elaborado al efecto, en el que se habla de plazos, procedimiento, e incluye un modelo de recurso susceptible de utilizarse.


¿Qué argumentos podemos emplear al respecto?


En base a Resoluciones emanadas de diversos órganos de contratación administrativa que avalan nuestra estrategia, los siguientes:


Que no cabe la determinación en los pliegos (no son fuente laboral), por el órgano de contratación, de los servicios mínimos a aplicar durante una huelga, no siendo admisible que el contenido de un derecho laboral pueda condicionarse por la Administración, ajena a la relación laboral entre adjudicataria y trabajador.

 Se produce una extralimitación de sus contenidos, conforme al Reglamento General de Contratación (RD 1098/2001: art.67), en vigor en todo aquellos que no contradiga la Ley 9/2017.

No puede admitirse como contenido propio de los pliegos una cláusula que tenga por objeto regular los servicios mínimos en caso de huelga. Por su naturaleza, contenido y efectos, dicha regulación excede del ámbito propio de los pliegos en la medida en que establece estipulaciones que afectan al derecho constitucional de huelga regulado en el artículo 28.2 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y el RDL 19/1977.

 La cláusula impugnada tiene un contenido netamente laboral que forma parte del status del trabajador, de cuyo cumplimiento o incumplimiento no corresponde conocer ni a la Administración contratante ni a la jurisdicción contencioso-administrativa, sino a los órganos de la jurisdicción social.

 Conforme al RD 17/1977, la determinación de los servicios mínimos debe hacerse por acuerdo entre el empresario y el Comité de Huelga, con la posibilidad que la autoridad gubernativa adopte las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios, cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de un servicio público o de reconocida e inaplazable necesidad.

 La huelga de los trabajadores del concesionario es uno de los riesgos normales de la actividad empresarial que debe ser asumido por éste en la ejecución de contrato administrativo.

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2001, donde se confirma sanción por vulneración del derecho de huelga por parte de la empresa concesionaria de un servicio público al contratar trabajadores para cubrir servicios afectados por la huelga.

En definitiva, que la posibilidad de introducir criterios sociales en la contratación pública, no supone que los órganos de contratación puedan entrar a regular en los pliegos de condiciones materias que, por su naturaleza, contenido y efectos, han de ser establecidas en normas legales o reglamentarias, o bien acordadas por las partes en la relación laboral en uso de su autonomía de la voluntad individual o colectiva.

Algunas referencias, breves, sobre las consecuencias jurídicas de la huelga en los contratos públicos

A efectos de completar el presente informe, trasladamos una serie de sentencias, dictámenes y resoluciones que hacen posible la inclusión de determinadas consecuencias jurídicas en los pliegos de condiciones por el ejercicio del derecho de huelga que afectan a la relación Administración empresa concesionaria:


 Es posible dejar de pagar al contratista el precio: STSJ Madrid 9/02/2011; Informe 1/2016 de Junta Consultiva de Aragón; Dictamen Consejo de Estado 14/2010.

 Es posible la imposición de penalidades: Dictamen 549/2013 Consejo Consultivo de Madrid; STSJ País Vasco 15/02/2012.

 Es posible el secuestro de la concesión: STSJ de Galicia 26/12/2013.

 Es posible la resolución del contrato: Dictamen Consejo Consultivo de Andalucía 319/2014; Dictamen Cosell Juridic de Valencia 803/2008; Dictamen Consejo Consultivo de Galicia 250/2012.

 

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