UGT Informa: Sentencia del Tribunal Supremo sobre extinción de organismos autónomos y subrogación del personal por la Corporación Local

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El Tribunal Supremo emitió, el pasado 19 de diciembre de 2018, una sentencia muy interesante referente al proceso de subrogación de personal de organismos autónomos municipales cuando la Corporación Local decide, tanto por razones organizativas como económicas, su extinción.


En el litigio, en cuestión se debate un Acuerdo del Pleno de Ayuntamiento de Ferrol de 27 de diciembre de 2012, por el cual se modifica la gestión de varios servicios municipales extinguiéndolos e integrándolos dichos servicios, al igual que su personal, en la estructura funcional de este Ayuntamiento. La integración no supone, según el Ayuntamiento, infracción de las normas sobre acceso al empleo público, aplicándose el supuesto de sucesión en la titularidad de las relaciones de empleo.


En el acuerdo adoptado por la corporación local municipal ferrolana se incluyeron la cláusula V (“Incorporación de los puestos de trabajo suprimidos) y la disposición adicional (“Procedimiento de integración del personal que presta sus servicios en los organismos autónomos descritos”). La subrogación se preveía en los mismos términos y condiciones que el personal afectado, tanto de régimen funcionarial como laboral (y dentro de esta último, diferenciado entre personal fijo, indefinido no fijo y temporal”) tuviera en los organismos suprimidos. Se crearía una comisión técnica de valoración a fin y efecto de “determinar la naturaleza jurídica de la relación laboral” de todo el persona subrogado, y que una vez determinada esta se adoptarían las decisiones pertinentes para prever la creación de plazas, de régimen funcionarial y laboral, para integrar al citado personal, llevándose a cabo un estudio organizativo para concretar cómo proceder para alcanzar ese objetivo.

 

El TS concluye que el acuerdo del Ayuntamiento de extinción de los organismos autónomos y patronatos, e incorporación de su personal (funcionario y laboral) fue conforme a derecho, siendo pues también acorde a la legalidad, más concretamente la disposición adicional que regulaba dicho proceso de incorporación y las condiciones en que debía producirse.

 

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