UGT informa: Sentencia del TS sobre el derecho de los trabajadores a disponer de información sobre las cámaras de videovigilancia en centro de trabajo

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El juicio se origina por el despido de una trabajadora, alegando la empresa, como incumplimiento grave y culpable el haber sustraído algunos productos, quedando prueba de ello en la grabación efectuada a través de las cámaras de videoviglancia instaladas en el interior del recinto del centro de trabajo donde prestaba sus servicios la trabajadora.

Consta en la misma sentencia de la primera instancia, que dio la razón a la trabajadora, que esta había dado su consentimiento, a un anexo a su contrato, “en el que se le informaba que tenía implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa contemplados en el RD 994/ 1999 de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Y añadía “es conocido por el personal la existencia de cámaras de video grabación en las instalaciones, estando a la vista”.

El TSJ confirma la primera sentencia de instancia, diferenciando entre el conocimiento por la trabajadora, según consta en anexo a su contrato, que la empresa había instalado las medidas de seguridad permitidas por la normativa entonces vigente, y el (no) cumplimiento por parte de la empresa de informar a la parte trabajadora “sobre la recogida de datos, su objeto y finalidad”, no disponiendo además la empresa de los distintivos informativos correspondientes.

Con independencia de que las cámaras de videovigilancia “estuvieran a la vista”, la Sala del TS concluye reiterando y confirmando la tesis de que se vulnero el derecho de la trabajadora a ser informada del uso a efectuar por la empresa de las grabaciones obtenidas, siendo así que podían utilizarse, como así efectivamente ocurrió para el control de la actividad laboral de los trabajadores y proceder a la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos contractuales.

El interés de la sentencia esta en el reforzamiento que efectúa el TS del derecho de los trabajadores/as, de acuerdo a la normativa sobre protección de datos, a disponer de información sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en la empresa y más concretamente a que los empleados/as sepan el uso que puede hacerse de las grabaciones obtenidas, es decir si van a tener o no repercusión sobre sus vidas laborales. Reforzamiento que se lleva a cabo al confirmar la sentencia de la primera.

Ademas el art. 90.1 de la LO 3/2018 es claro y contundente al respecto: “ Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida”.

Es muy claro que no basta con la “visibilidad” de las cámaras de vigilancia, ni que la persona trabajadora haya dado un consentimiento general a ello en su contrato, ni que haya una “pegatina” o distintivo a la puerta del establecimiento, sino que debe haber por parte empresarial, reforzada más si cabe por la LO 3/2019, una información clara y expresa del uso de las grabaciones obtenidas, a fin y efecto de respetar tanto derechos fundamentales como de contenido legal de la persona trabajadora en su vida laboral y sin que ello sea incompatible en modo alguno con el poder de dirección, organización y sancionador del empresario/a.

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