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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. en su art. 16.3 establece que el empresario llevará a cabo una investigación cuando haya un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22 (Ley 31/1995) aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes.

Los factores de riesgo psicosocial son factores ligados a la tarea, a la organización del trabajo, al tiempo de trabajo y a las relaciones personales. Si las condiciones en las que se desempeña una actividad profesional no son adecuadas, se convierten en factores de riesgo y pueden entrañar consecuencias negativas para la salud y bienestar de quien las realiza.

Según el art 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. “Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”

La segunda ola de Covid 19 ha llegado provocando el mismo desconcierto y dolor que produjo el inicio de esta tragedia, de consecuencias aún incalculables. Es en esta situación de riesgo, tanto sanitario, como laboral, educativo y social, cuando las y los ciudadanos tomamos plena conciencia de la importancia que tienen las administraciones públicas para responder de forma eficaz y equitativa a una emergencia como la que estamos viviendo.

Los servicios públicos son un eje fundamental para el funcionamiento justo y equitativo de cualquier sociedad. Son herramientas comunes a toda la ciudadanía para la garantía del bienestar, la justicia social, la igualdad, y los derechos laborales y civiles de todas las personas. Desde la Sª de Mujer y Políticas Sociales de FeSP UGT queremos presentaros el PROGRAMA GESTIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.

 La Unión General de Trabajadores ha realizado un estudio para conocer la realidad social y laboral de las personas LGTBI, y los datos arrojados no pueden ser más preocupantes. Como sindicato, ayudamos a todas las trabajadoras y trabajadores a conseguir la igualdad real en los centros de trabajo y la diversidad, a día de hoy, sigue siendo un tabú. Y es que el estudio realizado por el área confederal LGTBI de UGT muestra datos bastante alarmantes.

Desde la Secretaría de Salud Laboral e Igualdad de FeSP UGT Andalucía, elaboramos periódicamente un boletín de empleo con el objetivo de facilitaros y acompañaros en la ardua labor de búsqueda de empleo.

Desde la Secretaría de Salud Laboral e Igualdad de FeSP UGT Andalucía, elaboramos periódicamente un boletín de empleo con el objetivo de facilitaros y acompañaros en la ardua labor de búsqueda de empleo.

Desde la Secretaría de Salud Laboral e Igualdad de FeSP UGT Andalucía, elaboramos periódicamente un boletín de empleo con el objetivo de facilitaros y acompañaros en la ardua labor de búsqueda de empleo.

Con el fin de prevenir y luchar contra la pobreza y la exclusión social en España, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019 se aprobó la Estrategia Nacional de  Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023. Entre otros elementos, la estrategia identifica la reducción de la desigualdad de rentas entre los principales desafíos de las sociedades europeas y en España en particular. La necesidad de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital como política destinada a corregir estos problemas se ha visto  acelerada por la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Ante la gravedad de la crisis y la rápida evolución de los contagios, el Congreso de los Diputados, previo Acuerdo del Consejo de Ministros, ha aprobado la prórroga del estado de alarma en cinco ocasiones, a través de los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, 487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril, 514/2020, de 8 de mayo y 537/2020, de 22 de mayo.

Publicada en BOJA Número 148 - Miércoles, 1 de agosto de 2018, la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

La violencia contra las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se trata de una violencia de naturaleza estructural que se dirige contra la mujer por el mismo hecho de serlo. Esta violencia menoscaba el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales y es un obstáculo para la plena realización de la igualdad entre mujeres y hombres.